Fernando Gutiérrez
Este año ha estado marcado por las fusiones y adquisiciones que se han dado en el sector financiero para revolucionar instituciones que estén a la altura de la demanda actual, donde el factor tecnológico es clave junto con la flexibilidad y experiencia del usuario.
Sin embargo, la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, se enfila a su sexto aniversario desde su promulgación y todavía hay muchos señalamientos al respecto, desde el pendiente para aterrizar las normas secundarias hasta una necesaria actualización para poner la cancha pareja respecto a otros sectores.
Pese a todo esto, lo que es una realidad es que cada vez más empresas buscan apegarse a este marco normativo, pues está claro que han visto las oportunidades que brinda para poder detonar modelos de negocio que estén a la altura de la demanda actual y poderle hacer frente a otros competidores que, bajo otras figuras, han intensificado la competencia en los servicios financieros.
¿Por qué lo decimos? Vámonos a los números: Hace un año, tuve la oportunidad de escribir para El Economista respecto al avance que se tenía relacionado con las solicitudes que había recibido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para constituirse y operar bajo la Ley Fintech.
En aquel entonces (noviembre del 2022) se documentó que había 148 empresas que presentaron su solicitud para operar como Instituciones de Tecnología Financiera, al amparo de este marco normativo.
De estas 148, 99 presentaron la solicitud para ser Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 49 de Fondeo Colectivo (IFC), que son las dos figuras principales que regula este marco normativo.
Sin embargo, un año después, vemos que, pese a todo, sigue habiendo un interés de empresas para regularse bajo este marco normativo. ¿Por qué?
Según, la solicitud de transparencia 330008023000803 realizada a la CNBV, hasta hace algunos días esta autoridad tenía registro de 165 solicitudes de firmas para operar al amparo de la Ley Fintech, es decir, 17 empresas se unieron en el último año al universo de organizaciones que buscan apegarse a este marco normativo para operar.
Por figura, se tiene contabilizado que, hasta hace algunos días, la CNBV había recibido 112 solicitudes para constituirse como IFPE, es decir 13 más respecto hace un año, y 53 como IFC, cuatro más que en noviembre del 2022.
¿Por qué hacemos énfasis en el desarrollo de autorizaciones? La Ley Fintech promulgada en el 2018, bajo la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido una de las grandes promesas para revolucionar la forma de proveer servicios financieros a la población.
Actualmente, se tienen 67 plataformas autorizadas bajo este marco normativo, de las cuales 45 son IFPE y 22 IFC. Es decir, del total de solicitudes presentadas hasta la fecha, sólo 40% ha sido autorizado.
Vamos a cerrar la pinza. Según la solicitud de transparencia, desde la promulgación de la Ley, sólo 3 solicitudes se han desechado, es decir que la autoridad consideró que el modelo ni siquiera era aplicable a la ley, por lo que no se puede considerar rechazo.
Asimismo, a la par del interés creciente para regularse sobre esta ley, también la autoridad ha incrementado el número de rechazos a instituciones que no han logrado cumplir lo necesario para ser autorizadas por esta normativa.
Hace un año hablábamos de 27 solicitudes rechazadas por la autoridad, pero en la actualidad esta cifra asciende a 32, es decir cinco más que en noviembre del 2022.
Con las 32 rechazadas y las 3 desechadas, tenemos un universo de 35 entidades que no han podido ser autorizadas, por lo que, si las sumamos las 67 plataformas autorizadas, tenemos que a la autoridad le falta resolver al menos 63 solicitudes, de las cuales 11 están sujetas a condición suspensiva, que seguramente tendrán su resolución en las próximas juntas de gobierno de la CNBV.
De las 32 plataformas rechazadas, la autoridad tiene registro que al menos en seis casos se han presentado juicios de nulidad ante la resolución de la CNBV.
Además, desde la promulgación de la ley, la autoridad ha llevado a cabo 32 procedimientos administrativos de imposición de sanciones por infracciones a la normativa y se han emitido 33 opiniones de delito relacionados con este marco jurídico.
Muchos números que seguramente ayudarán a que cada uno haga su propia interpretación. Ya son casi seis años de la promulgación de la ley, por lo que la mejor opinión sobre el avance normativo, como siempre, la tiene usted lector.
