Open Finance en México: La oportunidad supera cualquier intención política

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Han pasado seis años desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, y en el análisis de los resultados de este marco normativo se me hace irrisorio cómo las autoridades en México han pisoteado esta regulación que, si bien puso al país a la vanguardia en la materia, con el paso de los años le han dado un trato político que ha frenado la materialización de todos sus beneficios.

¿Por qué lo digo? Me refiero particularmente al artículo 76 de la Ley Fintech, el cual establece el andamiaje general en materia de Finanzas Abiertas, modelo conocido como Open Finance, el cual permite, por medio de las interfaces de programación de aplicaciones (APIS), el intercambio de información entre instituciones financieras y terceros especializados para compartir tres tipos de datos:

  • Datos financieros abiertos: aquellos referentes a la información de productos y servicios que ofrecen al público general, ubicación de sus oficinas y sucursales, cajeros automáticos y otros puntos de acceso a sus productos y servicios.
  • Datos agregados: información estadística relacionada con operaciones realizadas por las entidades, sin tener un nivel de desagregación que puedan identificarse con datos personales o transacciones de una persona.
  • Datos transaccionales: que son aquellos relacionados con el uso de un producto o servicio, incluyendo cuentas de depósito, créditos y medios de disposición contratados a nombre de los clientes de las entidades. Estos datos sólo podrán compartirse con la previa autorización expresa de los mismos.

El gran pendiente

Hace algunas semanas, se presentó el estudio «Explorando Nuevos Horizontes: Riesgos y Oportunidades del Open Banking en México», coordinado por PwC y en donde distintos especialistas de la industria dan su visión respecto a este modelo y abundan en las vertientes del mismo, como sus beneficios, seguridad, educación y por supuesto, regulación.

En el estudio, se detalla que hasta el momento se han publicado las reglas en materia de:

  • Datos financieros abiertos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2020). 
  • Regulación emitida del Banco de México (Banxico) para las Cámaras de Compensación y las Sociedades de Información Crediticia (SIC) que establece los estándares de interoperabilidad y requisitos de autorización e interconexión, incluidas las obligaciones de privacidad e integridad de la información.

En su participación dentro del estudio, Rocío Robles, socia del despacho Tenet Consultores y una de las creadoras de esta regulación cuando estaba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), comparte que, pese al avance normativo, en la regulación emitida por el Banxico para las Cámaras de Compensación y SIC, todavía no hay una definición de los datos a compartir, misma que se delegó a estos participantes.

Asimismo, se hace énfasis en la necesidad de publicar las reglas para datos transaccionales, las cuales son la carnita del Open Finance, al definir los lineamientos en materia de seguridad y arquitectura para el intercambio de información; las reglas para obtener el consentimiento del cliente y especialmente, la monetización respecto a este modelo.

«La industria espera impaciente la definición de los datos transaccionales que deberán compartirse y la emisión de los estándares aplicables a estos, trabajo que las autoridades han venido posponiendo hasta el primer trimestre de 2024», detalla Robles dentro del estudio.

Esto que menciona Robles es muy importante, porque a pesar de que la Ley Fintech preveía plazos para que la autoridad emitiera las disposiciones secundarias (de 24 meses después de la promulgación de la normativa), esto a las autoridades poco les ha importado y la rotación que se ha tenido en los órganos regulatorios, especialmente en la CNBV, ha cobrado factura al respecto.

Oportunidad

Pese al tamaño e importancia de la economía mexicana, uno de los grandes pendientes en el país es respecto a la inclusión financiera, pues con el paso de los años los grandes jugadores (bancos) se han concentrado en cómo obtener ganancias multimillonarias sin mover la aguja de una mayor cobertura y especialmente, con mejores productos y servicios.

Para muestra tenemos el Global Findex del Banco Mundial (que distan de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera), el cual indica que en México el porcentaje de la población adulta (mayores de 15 años) con una cuenta bancaria es de 49%, que es un rezago respecto a la cobertura que hay en países como Brasil que es de 84%, Chile que es de 87.1% o incluso Colombia, donde es de 59.7%; en economías avanzadas como Estados Unidos, el porcentaje es de 95 por ciento.

Dentro del estudio de PwC  se profundiza en los beneficios del Open Finance, los cuales se pueden materializar mediante una oferta más personalizada, conforme a la situación financiera de cada persona o por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que pueden acceder a una gama de productos (especialmente de crédito) debido a la información que se puede obtener vía este modelo.

Para el gobierno, los beneficios de este modelo para el usuario van en cuatro vertientes:

  • Los consumidores pueden elegir más fácilmente servicios financieros, pudiendo seleccionar aquellos que se ajusten a sus necesidades.
  • Da al usuario de servicios financieros, el control sobre su información financiero, lo que le permite tomar mejores decisiones entre los proveedores de servicios financieros.
  • Las pequeñas empresas tendrían mejores condiciones para acceder a préstamos, con mayor facilidad y menor costo.
  • Las empresas de tecnología financiera, y otras instituciones, pueden ser más competitivas al llegar a nuevos mercados.

«No es una regulación que apoye a los pobres»

Los beneficios del Open Finance son innegables, así como los retos y oportunidades regulatorias que se asoman con el aterrizaje de este modelo. Esto, porque dicho enfoque ha sido aplicado en distintos países que, mediante un acompañamiento entre sector público y privado, han podido concretar las reglas para que sea un «ganar-ganar» para todos los participantes y especialmente, para las personas de a pie.

De acuerdo con un análisis de la firma Konsentus, 68 países en el mundo han aterrizado, o están en vías de hacerlo, el modelo de banca abierta y México es uno de ellos; sin embargo, el atasco regulatorio es evidente.

Reino Unido (UK) ha sido una de las jurisdicciones más avanzadas al respecto, pero el modelo mexicano tiene diferencias respecto al británico, por ejemplo, en México no está prevista la iniciación de pagos; en UK no se permite el cobro de comisiones y en territorio nacional la implementación del modelo corresponde a cada comisión supervisora, pues no existe un organismo como el Open Banking Implementation Entity.

Es evidente el atraso regulatorio sobre el tema e inclusive, la falta de entendimiento al respecto, pues durante varios meses el proyecto que se había diseñado (en la época de Juan Pablo Graf al frente de la CNBV) en materia de regulación secundaria de datos transaccionales estuvo guardado en el cajón de una oficina de una de las vicepresidencias de la CNBV debido a que «no es una regulación que apoye a los pobres».

Vaya desconocimiento del regulador en cuestión, pues si bien el tema es complejo por la dificultad de definir el estándar entre toda la industria que permita la interoperabilidad de este modelo y porque el tema no se limitó sólo a la industria bancaria sino se amplió a otras entidades (fintech, sofipos o socaps), actualmente es más que necesaria la política al respecto.

Se sabe que actualmente, el regulador tiene la intención de avanzar en el tema, e incluso ha buscado consultores que apoyen en la construcción de la normativa secundaria para intercambio de datos transaccionales.

También sabemos que los participantes de la industria no se van a pelear y son conscientes de los momentos que vive el país, con los próximos cambios que se vislumbran como parte del nuevo gobierno.

Aquí la crítica es válida y es por lo que me pregunto: ¿Si el regulador tiene interés en sacar la normativa, la industria y otros participantes también, entonces por qué todavía no llega la regulación prometida? 

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