Desde hace meses, se han fincado las bases para una batalla que posiblemente en la actualidad no sea muy visible, pero estoy seguro de que dará de qué hablar en las próximas semanas o meses. Me refiero al destino de una figura que si bien, normativamente no ha despegado, la realidad al parecer la alcanzó para encaminar su destino en el sistema financiero mexicano.
Me refiero a la figura de la sociedad financiera comunitaria (sofinco) y es que, desde hace algunos meses, en la Secretaría de Hacienda, especialmente en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), han comenzado a idear cómo darle un cauce normativo de acuerdo con su realidad y en esto, entran distintas teorías: desde su desaparición hasta su verdadero fortalecimiento en beneficio de la inclusión financiera, especialmente la de las comunidades rurales del país.
Desde la oficina de Max García Sánchez, funcionario de la UBVA, se ha ordenado iniciar un estudio sobre el aporte, estructura y conformación de esta figura, que fue integrada desde el 2009 a la Ley de Ahorro y Crédito Popular con la promesa, hasta el momento no cumplida, de tener un marco normativo propio.
En agosto pasado, el sector de las sofincos fue enterado de un proyecto, impulsado por la Secretaría de Hacienda, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Expertise France y ejecutado por el consultor independiente José Ricardo Álvarez Juárez, con el fin de analizar la realidad del sector y, supuestamente, comenzar con un programa de capacitación y asistencia técnica para estas entidades y así dar certeza y garantizar la protección de los socios ahorradores de dichas entidades.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), impulsora principal de esta figura, en el país se tienen detectadas cerca de 30 sofincos, que atienden a 222,697 socios, principalmente mujeres, y suman alrededor de 1,300 millones de pesos en activos.
La única sofinco autorizada es SMB Rural, que cuenta con 21,984 socios y con activos cercanos a los 214 millones de pesos. Si bien, esta entidad fue autorizada desde junio del 2013, hasta la fecha la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no le ha dado el visto bueno para entrar en operaciones como tal.
Dentro del resto de sofincos que operan, algunas ya tienen el tamaño para poder solicitar su autorización (proceso en el que ocho ya están) y el resto, funcionan como entidades básicas, es decir, que por su tamaño de activos no requieren autorización para operar por la CNBV y, tampoco, son supervisadas por esta autoridad.
Esta figura, a diferencia de las financieras populares (sofipos) y cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), se distingue por tener principios mutualistas, es decir, ninguna persona física puede tener más de 1% del capital social de una institución.
Su intención como tal es integrarse por personas físicas y morales (especialmente organizaciones económicas de productores), para dar servicios financieros a socios y terceros en zonas rurales.
En el 2015, luego del tema Ficrea, uno de los mayores escándalos del sector de ahorro y crédito popular, se impulsó una iniciativa, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, que, entre otras cosas, proponía desaparecer dicha figura, pero las sofincos, junto con otros actores del sector, lucharon para frenar el proceso legislativo.
Las batallas para gente del sector de sofincos no han sido fáciles, e incluso hubo una controversia entre los accionistas de SMB Rural.
Recordemos que, según datos de la CNBV, en el país hay 430 municipios sin ningún punto de acceso al sistema financiero, y esto incluye sucursales, cajeros o corresponsales.
En abril pasado, el senador José Narro Céspedes, de MORENA, presentó una iniciativa de proyecto por el que se expide un marco normativo propio de las sofincos, cosa que no agradó a la Secretaría de Hacienda, mucho menos los foros que se han realizado recientemente sobre esta figura.
Isabel Cruz Hernández, directora de la AMUCSS, ha denunciado que a diferencia de lo que pasa en las sofincos, las autoridades han otorgado más de 65 licencias a entidades para operar bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.
No es que Cruz Hernández diga que no se debieron regular a las fintech, sino que busca contrastar el letargo en el que se ha tenido a las sofincos respecto a otros procesos de autorizaciones dentro del sistema financiero.
De acuerdo con fuentes informadas, en la Secretaría de Hacienda, ven a muchas sofincos, sino es que a todas, como financieramente inviables, lo cual si bien llama la atención de este sector, no les preocupa, pues ellos buscan enfocarse fortalecerse regulatoriamente, para que próximamente alcancen esa viabilidad financiera.
El tema no es fácil, la mayoría de los funcionarios que estuvieron en la Secretaría de Hacienda cuando las sofincos se integraron a la LACP, han salido, por lo que los actuales poco conocen del tema y de su impacto en las zonas donde atienden.
Veamos el caso de SMB Mujeres de la Lluvia, que cuando comenzó operaciones, el primer día, tenía a más de 100 mujeres formadas para depositar su ahorro en esta institución. Actualmente, dicha entidad atiende a más de 1,200 de socios de la zona de Costa Chica en Guerrero.
Después de 14 años de su integración en la LACP, llegó el momento de las sofincos de demostrar su músculo y aporte a la inclusión financiera de este país, de lo contrario, se avivarían las versiones de una figura fallida.
Mucho se habla que las fintech podrán acabar con el problema de inclusión financiera de este país, pero pocos se preguntan si realmente están llegando a los sectores totalmente desatendidos, donde los servicios (como luz e Internet) son sólo una promesa de campaña.
Pero como siempre, la mejor opinión la tiene el lector, por lo que pregunto: ¿Es necesaria la figura de sofinco en el país o las fintech podrán llenar ese espacio para los sectores más necesitados?
La batalla está por comenzar.
