En la madrugada del 11 de septiembre de 2024, México vivió un momento histórico con la aprobación de una reforma judicial que ha generado un intenso debate y controversia. La reforma, impulsada por el partido Morena, introduce un cambio radical en la forma en que se eligen los jueces en el país, permitiendo que sean seleccionados a través del voto popular. Este hecho marca un antes y un después en el sistema de justicia mexicano, ya que nunca antes un país de la magnitud de México había adoptado un sistema similar. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su último año de mandato, ha logrado este cambio con el apoyo clave del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de polémica, pues ha desatado protestas, incertidumbre económica y un clima de tensión política.
La esencia de la reforma radica en que los jueces, quienes anteriormente eran designados por el Poder Judicial, ahora serán elegidos mediante votación popular. Esta medida ha sido vista por muchos como un intento de democratizar el sistema judicial, dándole más poder al pueblo en la elección de quienes impartirán justicia. No obstante, también ha sido criticada por otros sectores que argumentan que este cambio podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial y someter a los jueces a presiones políticas y populares, lo que podría afectar la imparcialidad de sus decisiones.
El proceso de aprobación de la reforma no fue sencillo y estuvo marcado por situaciones inusuales y controversiales. Morena, con el respaldo de sus aliados, el PVEM y el PT, necesitaba una mayoría calificada de 86 votos en el Senado para sacar adelante la reforma. Para lograr este objetivo, el apoyo de Yunes Márquez, miembro del PAN y una figura inesperada en este contexto, fue crucial. La adhesión de Yunes, quien justificó su decisión señalando que la reforma podría perfeccionarse en las leyes secundarias, generó un terremoto político, especialmente dentro de su propio partido, el PAN, que lo acusó de traidor.
Las acusaciones y el ambiente de presión que rodearon la votación fueron intensas. El senador del PAN Ricardo Anaya acusó al gobierno de usar a las Fiscalías estatales para coaccionar votos, un señalamiento que fue desmentido por Morena, aunque la oposición no presentó pruebas concluyentes al respecto. El ambiente se tornó aún más tenso cuando manifestantes irrumpieron en el Senado, obligando a los legisladores a trasladarse a una sede alterna para continuar con la sesión. Estas manifestaciones reflejan el descontento de una parte significativa de la sociedad mexicana que ve en esta reforma un peligro para la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
El impacto económico de la reforma ya ha comenzado a sentirse, con el peso mexicano sufriendo una depreciación debido a la incertidumbre que genera esta medida entre los inversionistas. El gobierno de Estados Unidos también ha expresado su preocupación, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta situación evidencia que los efectos de la reforma trascienden lo jurídico y se extienden al ámbito económico y político, tanto a nivel nacional como internacional.
La dinámica en el Senado durante la aprobación de la reforma fue caótica y reveló las divisiones internas en la política mexicana. La ausencia del senador Daniel Barreda, de MC, quien supuestamente estaba acompañando a su padre arrestado en Campeche, fue vista por la oposición como parte de una estrategia del oficialismo para asegurar los votos necesarios. A esto se sumó la confusión en torno a la posición de Yunes Márquez, quien hasta último momento mantuvo en secreto su intención de votar a favor de la reforma. El enfrentamiento entre Yunes Márquez y su partido evidenció las fracturas dentro de la oposición y dejó claro que la aprobación de esta reforma no fue un proceso limpio ni transparente.
Las implicaciones de esta reforma son profundas y aún inciertas. Para que la reforma entre en vigor, deberá ser ratificada por los Congresos de al menos 17 Estados. Dado que Morena gobierna en dos tercios del país, es probable que esta ratificación se logre sin mayores contratiempos. Esto permitirá que la reforma sea promulgada antes de que López Obrador deje el poder, quedando en manos de su sucesora, Claudia Sheinbaum, la responsabilidad de implementarla y enfrentar las posibles consecuencias.
La aprobación de la reforma judicial que permite la elección de jueces por voto popular es un hecho sin precedentes en la historia de México. Este cambio podría redefinir el sistema de justicia del país y plantea importantes interrogantes sobre la futura independencia del Poder Judicial. Mientras unos ven en esta reforma una oportunidad para democratizar la justicia, otros temen que abra la puerta a la politización del sistema judicial y a la vulnerabilidad de los jueces frente a presiones externas.
El proceso que llevó a la aprobación de la reforma fue turbulento, marcado por acusaciones de coacción, manifestaciones y un clima de tensión política que pone en evidencia las profundas divisiones en el país. El tiempo dirá si esta reforma será un paso hacia una justicia más accesible y transparente o si, por el contrario, traerá consigo desafíos y riesgos que afecten la estabilidad institucional de México.
En este contexto, es fundamental que se mantenga un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos y sociales para garantizar que los cambios en el sistema de justicia beneficien realmente al país y no se conviertan en una fuente de conflicto y desestabilización.
