El desarrollo sostenible en su más amplia expresión implica hacer de la inclusión un asunto concreto y que se materialice en la sociedad. Con el propósito de avanzar hacía ese modelo de desarrollo, en 2015 se celebró la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. En este evento se aprobó el documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el cual tiene como objetivo principalmente reducir las brechas de desigualdad y contribuir a las acciones de la agenda global contra el cambio climático y la crisis ambiental.
La Agenda 2030 es en sí misma ambiciosa. Entre sus 17 objetivos encontramos retos tales como: eliminar la pobreza, el hambre, el acceso a servicios de salud y educación de calidad, la igualdad de género, el acceso a agua limpia y saneamiento, eliminar el desempleo y promover el crecimiento económico, detonar el desarrollo de la innovación en infraestructura, reducir desigualdades, promover un desarrollo urbano sostenible, tener una producción y consumo responsables y promover alianzas que permitan lograr estos objetivos. Además, hay otros de carácter ambiental como son proteger la vida de ecosistemas terrestres y marinos, buscar la asequibilidad de energía limpia y desarrollar acciones por el clima que se vinculan con el Acuerdo de París.
Por su puesto que una empresa de semejantes dimensiones naufragará si no cuenta con los recursos suficientes que permitan alcanzar sus cometidos. De acuerdo con cifras del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, se estima que se requiere una inversión anual global cercana a los $7 billones de dólares, hasta el año 2030, para cumplir con los objetivos de dicha agenda. Es decir, dinero invertido, entre otras cosas, en infraestructura tecnológica y de servicios para reducir brechas de desigualdad social, sistemas de agua potable, servicios de salubridad, agricultura no contaminante ni extensiva, transición energética y acciones de mitigación y adaptación climáticas, por mencionar solo algunos rubros.
En el ánimo sumar recursos globales para esta agenda, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas ha encabezado esfuerzos para sumar a diversos actores y sectores sociales en esta tarea. Un ejemplo de estos esfuerzos es la Alianza para las Finanzas Digitales Sostenibles. Una iniciativa que en los últimos cinco años ha puesto sobre la mesa de discusión internacional una serie de cuestionamientos que merecen atención. Entre estos destaco dos: ¿es posible que las fintech puedan ser un vehículo de recursos para la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible? y ¿qué tipo de cambios se pueden esperar en el sistema financiero con la entrada disruptiva de las Fintech frente a la agenda global del desarrollo sostenible?
La investigación y la práctica para encontrar respuesta a estas preguntas es compleja y aún se encuentra en una etapa incipiente alrededor del mundo. Sin embargo, la búsqueda de estas ha dado paso a una cantidad considerable de foros de discusión, reportes de prospectiva y algunos esfuerzos prácticos en países de África y Europa, que al día de hoy han arrojado importantes reflexiones sobre la función del sector fintech frente a los retos del desarrollo sostenible, su potencial transformador, así como sus riesgos y amenazas. En este sentido resulta importante señalar que los resultados de estas discusiones han generado insumos que representan una oportunidad para que países en desarrollo, como es el caso de México, comiencen a pensar en nuevas iniciativas y acciones multisectoriales para empujar una agenda de políticas públicas que permitan sumar al sector fintech como aliado de la agenda de sostenibilidad y como un actor fundamental en la transformación del sistema financiero hacia la ruta del financiamiento sostenible.
En el caso mexicano habría que comenzar desde lo más básico y elemental. Una de las necesidades más apremiantes para tal propósito está relacionada con la ausencia de una agenda digital nacional. Un documento de política pública transversal, de corto, mediano y largo plazos, que contenga la estrategia por medio de la cual el país defina el propósito para el desarrollo y uso de la tecnología precisamente en áreas y temas tan diversos como son los que se enuncian en la Agenda 2030.
Tal es la importancia de contar con una agenda digital, que de ello depende que el país cuente con una política de inclusión digital en donde se señale cómo incorporar a los sectores de la población más desfavorecidos a los potenciales beneficios y oportunidades que la tecnología podría brindar para mejorar su calidad de vida. Beneficios y oportunidades en donde el sector fintech podría tener una función trascendental y que incluso representan un potencial mercado para el modelo de negocio del propio sector. Y es así porque precisamente son los sectores más vulnerables y desfavorecidos los que trabajan en la informalidad y que demandan formas alternativas de inclusión financiera, por poner un ejemplo.
Tan solo para darnos una idea de la importancia de la agenda digital y una política de inclusión digital en el desarrollo de oportunidades para el sector fintech en México, basta ver un par de datos. Según el Reporte de Inclusión Financiera 2018, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 56% del total de la población no tiene una cuenta formal de ahorro. Algo que resulta importante no solo para el cuidado del dinero, sino también para el acceso de la población a otros productos financieros que a su vez representa la oportunidad de mejorar su situación patrimonial. Tal y como ha sucedido en otras partes del mundo uno supondría que, en consecuencia, la reciente irrupción de las fintech en el ecosistema financiero mexicano podría acelerar la financiarización de la población. Sobre todo, considerando que desde 2018 contamos con una Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Sin embargo, el principio de inclusión e innovación financiera al que hace alusión el marco jurídico del sector fintech puede quedar como un buen deseo si este no se acompaña de los elementos materiales necesarios para su ejercicio por parte de la población. De ello dan cuenta los datos del recién publicado Censo de Población 2020, los cuales señalan que en México todavía hay un 48% de la población que no tiene acceso a internet. Prácticamente la mitad de la población. Es decir, aún tenemos una brecha digital que resulta ser uno de los principales obstáculos de desarrollo tanto para la población como para el sector de las tecnologías financieras.
México, como el resto del mundo, está inmerso en una cuarta revolución industrial que no puede eludir y en donde la tecnología es la principal protagonista. Por ello, y como esta sucediendo en otros países, los desarrolladores de tecnología e innovación, entre los que se encuentran las empresas del sector fintech, están obligados a ejercer un mayor liderazgo social. Uno en el que exijan a las autoridades responsables de formular políticas públicas el poder participar en la creación de una agenda digital nacional que catalice las oportunidades que el sector ofrece a la sociedad.
El reto de influir en las autoridades y desarrollo de esta política no es menor. De ello depende también acelerar otras discusiones y oportunidades para las tecnologías financieras. Particularmente en aquellos temas relacionados con el desarrollo del internet de las cosas, la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. Temas fundamentales en los que la Alianza para las Finanzas Digitales Sostenibles ha puesto acento para discutir el alcance funcional de las fintech en la transformación de funciones centrales del sistema financiero, como son la movilización de valor, su resguardo, préstamo e intercambio, así como su inversión, aseguramiento y administración frente al riesgo. Aspectos torales que, dada la naturaleza del sector, son fundamentales para lograr su vínculo con el financiamiento del desarrollo sostenible y de los que estaremos platicando posteriormente en este espacio.
