Entre enero y mayo de 2024, México registró un incremento del 113% en alertas de prevención de lavado de dinero con criptomonedas, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este fenómeno ha generado un amplio debate sobre las implicaciones y causas de este aumento. Mientras algunos lo ven como una señal de mayor adopción y regulación en el país, otros critican la «legislación sofocante» que dificulta el crecimiento del sector. En este artículo, analizaremos en profundidad los factores detrás de este aumento, su impacto en el ecosistema cripto y las perspectivas futuras de regulación en México.
Desde la promulgación de la Ley Fintech en 2020, México ha implementado una serie de medidas para regular las operaciones con criptomonedas. Esta ley exige que los exchanges y otros proveedores de activos virtuales se registren y cumplan con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este marco legal impone la obligación de reportar a la UIF cualquier operación que supere las 645 Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a aproximadamente 70,111 pesos mexicanos o casi 4,000 dólares.
Uno de los factores que contribuyeron al aumento de las alertas fue la caída del exchange FTX. Este evento, que generó una deuda de 9,000 millones de dólares, llevó a muchas empresas a adoptar medidas de autorregulación para evitar problemas similares. Según Isaac López, socio de la firma Legal & Compliance Advisors, «muchas empresas, al ver lo que pasó con el colapso de FTX, optan por la autorregulación y no tienen otro mecanismo en México más que el registro antilavado, de transmitir seguridad a sus usuarios».
Este aumento en las alertas no es necesariamente negativo. Hasta marzo de 2024, se autorizaron 53 empresas e instituciones para registrarse ante el SAT, frente a un total de 135 solicitudes desde 2020. Esto muestra una consolidación del mercado cripto en México, lo que, al aplicar la normativa, aumenta el número de avisos. Además, México sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor adopción de criptomonedas.
Sin embargo, la «legislación sofocante» ha sido objeto de críticas. A pesar del avance en la regulación de criptomonedas en distintas partes del mundo, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantienen estos instrumentos alejados del sistema financiero tradicional. En México, las instituciones financieras no pueden ofrecer activos digitales, y los proveedores no financieros están sujetos solo a regulaciones antilavado.
Comparando con otros países, en Argentina, por ejemplo, los exchanges y proveedores de servicios también están dentro del área de fiscalización del organismo antilavado. Esta regulación se actualizó en marzo de este año, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este tipo de legislación es una de las primeras acciones que implementan los estados ante la preocupación de que se utilicen criptomonedas para financiar el crimen organizado.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha reconocido los esfuerzos de México en este sentido. Sin embargo, organismos como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) insisten en que el tráfico ilegal de fentanilo y su producción están ligados al uso de criptomonedas, aunque la DEA destaca que el narcotráfico prefiere el dinero en efectivo.
En medio de este debate regulatorio, las demandas para actualizar la normativa en México están vigentes. En agosto del año pasado, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda de México, expresó: «¿Qué vamos a hacer con los criptoactivos? O los prohibimos o los regulamos. Pero ya tenemos que tomar una decisión». Esta falta de claridad ha generado incertidumbre en la industria, como señaló López: «Hay una fiesta regulatoria de criptomonedas en el exterior y México no está en esa fiesta a raíz de una regulación sofocante que crea incertidumbre».
El aumento del 113% en alertas de lavado de dinero con criptomonedas en México refleja tanto un crecimiento en la adopción de estos activos como una mayor preocupación por cumplir con las regulaciones. Mientras que algunos en la industria critican la «legislación sofocante» que impide el pleno desarrollo del mercado cripto, otros ven estos avances regulatorios como necesarios para garantizar la seguridad y transparencia en las operaciones con criptomonedas.
México enfrenta un desafío crucial: encontrar un equilibrio entre la regulación necesaria para prevenir el lavado de dinero y la creación de un entorno favorable para la innovación y el crecimiento del mercado de criptomonedas. La consolidación del mercado cripto en el país es un paso positivo, pero es necesario continuar trabajando en una normativa que brinde claridad y confianza tanto a los usuarios como a las empresas del sector.
A medida que el ecosistema cripto sigue evolucionando, será fundamental que las autoridades mexicanas adopten medidas que promuevan tanto la seguridad como la innovación, permitiendo así que México se mantenga a la vanguardia en la adopción de tecnologías financieras emergentes.
