La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) acusó a 12 exchanges de criptomonedas del país de no cumplir con sus requisitos de información.
De acuerdo con información publicada por El Economista, tras haber recibido información por parte de las plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó a 12 plataformas que operan sin dar información a esta instancia. Por lo anterior, se se considera que funcionan en la ilegalidad y podrían ser sujetas a diferentes sanciones.
“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad. Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar (al respecto)”, comentó Santiago Nieto Castillo (titular de la UIF) durante un seminario sobre inteligencia financiera y gestión de riesgos.
Actividades vulnerables
La Ley Fintech determina que la prestación habitual o profesional de intercambio de criptomonedas, a través de plataformas digitales, debe clasificarse como actividad vulnerable. Este tipo de actividades pueden estar asociados a conductas ilegales como el blanqueo o el financiamiento al terrorismo.
“Un tema fundamental, será analizar las criptomonedas y su relación con grupos delictivos. Me llama la atención que muchas de las plataformas de criptomonedas están instaladas en varios municipios del estado de Jalisco (zona de dominancia del Cartel Jalisco Nueva Generación)”, apuntó el funcionario de la UIF.
Obligaciones para las plataformas que operan con criptomonedas
- Darse de alta como actividad vulnerable.
- Integrar expedientes de identificación de cliente.
- Presentar avisos a la autoridad.
- Resguardo y protección de información.
- Facilitar visitas de verificación.
- Contar con un manual de políticas internas.
Sanciones
Las plataformas que no están dadas de alta ante el SAT como actividad vulnerable pueden tener sanciones penales, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”) también contempla sanciones monetarias.
